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Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social
Contempla varios bloques de
materias:
- Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera, que principalmente introduce una amplia modificación de la Ley Concursal, del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
- Medidas en el ámbito tributario y administrativo, orientadas a introducir diversas modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
- Medidas de fomento del empleo, centradas en la reducción de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en determinados supuestos; en la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, así como en la modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
- Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia, concretadas, especialmente, en una modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, para eximir de las mismas a las personas físicas.
Estructura de la norma
Este real decreto-ley se estructura
en once artículos, agrupados en dos títulos, seis disposiciones adicionales,
tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres
disposiciones finales.
Contenido y novedades
Las principales novedades que
introduce esta norma son las siguientes:
1. Medidas para la reducción de la carga financiera. Segunda oportunidad
Objetivo:
El mecanismo
de segunda oportunidad diseñado por este real decreto-ley establece los
controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o
facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquél que lo ha
perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de
sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes
tras la referida liquidación.
Contenido de las medidas:
Estas iniciativas se pueden
resumir agrupándolas en tres bloques.
En primer lugar, se propone flexibilizar
los acuerdos extrajudiciales de pagos, y prever un verdadero mecanismo de
segunda oportunidad.
Por lo que se refiere a los
acuerdos extrajudiciales de pago regulados en el título X de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal, las modificaciones contenidas en este real decreto-ley
tienen por finalidad flexibilizar su contenido y efectos, asimilando su
regulación a la de los acuerdos de refinanciación de la disposición adicional
cuarta.
Como elementos principales del
nuevo régimen están la ampliación de su ámbito de aplicación a las personas
naturales no empresarios, regulándose además un procedimiento simplificado para
éstas; la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores
garantizados disidentes, lo que supone un avance frente al régimen de
sometimiento voluntario vigente con anterioridad; y la potenciación de la
figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como
tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es
empresario, o los notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.
Como novedad fundamental, se
instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores persona natural
en el marco del procedimiento concursal. El sistema de exoneración tiene dos
pilares fundamentales: que el deudor sea buena de fe y que se liquide
previamente su patrimonio (o que se declare la conclusión del concurso por
insuficiencia de masa).
Cumplidas las anteriores
condiciones, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus deudas
pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa,
los créditos concursales privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo
extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos concursales
ordinarios.
Alternativamente, cuando no hayan
podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que acepte someterse a un
plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado
provisionalmente de todos sus créditos, excepto los públicos y por alimentos,
contra la masa y aquéllos que gocen de privilegio general. Para la liberación
definitiva de deudas, el deudor deberá satisfacer en ese período las deudas no
exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para ello.
En segundo término, se
mejora también el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable
de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», introducido
por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios sin recursos, del que ya se han beneficiado
cerca de 14.000 familias.
En este sentido, se amplía el
ámbito subjetivo, incrementándose el límite anual de renta de las familias
beneficiarias, que se calculará con base en el IPREM anual de 14 mensualidades,
incluyendo como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el deudor sea
mayor de 60 años e introduciendo una nueva forma de cálculo del límite del
precio de los bienes inmuebles adquiridos. Adicionalmente, se introduce la
inaplicación definitiva de las cláusulas suelo de aquellos deudores situados en
el nuevo umbral de exclusión que las tuvieran incluidas en sus contratos.
Por último, se amplía hasta
2017 la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos
especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración
de deuda y alquiler social, así como el colectivo que puede beneficiarse de
esta medida.
Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
Se modifica la redacción del
apartado 2 del artículo 178
Se añade un nuevo artículo 178
bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
Se modifican los apartados 3 y 4
del artículo 176 bis
Se modifica el artículo 231.
Presupuestos.
Se modifican los apartados 2 y 3
del artículo 232
Se modifican los apartados 1, 2 y
3 del artículo 233
Se elimina el apartado 4 y se
modifican los apartados 1 y 2 del artículo 234
Se modifica el artículo 235.
Efectos de la iniciación del expediente.
Se modifica el artículo 236.
Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos.
Se modifica el artículo 238. El
acuerdo extrajudicial de pagos
Se introduce un artículo 238 bis.
Extensión subjetiva.
Se modifican los apartados 2 y 4
del artículo 239
Se modifica el artículo 240.
Efectos del acuerdo sobre los acreedores.
Se modifica el apartado 2 del
artículo 241
Se modifica el artículo 242.
Especialidades del concurso consecutivo.
Se añade un artículo 242 bis.
Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no
empresarios.
Otras modificaciones.
Se modifica el apartado 5.º del
artículo 92
Se modifica el apartado 2.º del
artículo 93.2
Se modifica el apartado 5 del
artículo 94
Téngase en cuenta, además, que
las disposiciones adicionales primera a quinta complementan las modificaciones
introducidas por su título I, al regular las funciones de mediación concursal,
la remuneración del mediador concursal, la no preceptividad de la
representación del deudor en el concurso consecutivo, la aplicación informática
destinada a actuar a modo de medidor de solvencia o la forma en que se va a
producir la adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración
viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual» con
las modificaciones que en él se introducen.
Finalmente, la disposición
transitoria primera establece el régimen transitorio en materia concursal
Modificación del Real Decreto-ley
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos
Se modifica el artículo 3.1
Se modifican los apartados 2 y 3
del artículo 5
Se introduce un nuevo apartado iv
en la letra b) del punto 1 del anexo
Modificación de la Ley 1/2013, de
14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social.
Se modifican los apartados 1, 2 y
3 del artículo 1
2. Medidas en el ámbito tributario
Se modifica la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio con la finalidad de permitir
a nuevos colectivos la aplicación de las deducciones previstas en el
artículo 81 bis de esta Ley.
De esta forma, en primer lugar,
se extiende el incentivo fiscal no solo a ascendientes que forman parte de
familias numerosas sino también a aquellos que forman una familia monoparental
con dos descendientes que, entre otros requisitos, dependen y conviven
exclusivamente con aquel.
Al mismo tiempo, se permitirá la
aplicación de las nuevas deducciones reguladas en dicho artículo a los
contribuyentes que perciban prestaciones del sistema público de protección de
desempleo o pensiones de los regímenes públicos de previsión social o
asimilados y tengan un ascendiente o descendiente con discapacidad a su cargo o
formen parte de una familia numerosa o de la familia monoparental señalada
anteriormente, y no sólo a los trabajadores por cuenta propia o ajena.
Adicionalmente, se declaran
exentas las rentas que se pudieran poner de manifiesto como consecuencia de
quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado
judicialmente conforme al procedimiento establecido en la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologado a
que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta de dicha
ley, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el título X de la
misma ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades
económicas, ya que, en este caso, su régimen está previsto en la disposición
final segunda del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda
empresarial.
Por último, debe indicarse que en
las modificaciones que se introducen en el ámbito del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas concurren las circunstancias de extraordinaria y
urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la Constitución como
presupuesto habilitante para la aprobación de un real decreto-ley, dada la
particularidad del colectivo beneficiario y la necesidad de su protección por
parte de los poderes públicos, y el hecho de que se permita la solicitud
anticipada de las deducciones a partir de la aprobación de esta norma, de
manera que se puedan percibir por aquel las ayudas aprobadas en el menor tiempo
posible.
Por otra parte, se establece la
exclusión de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre
Sociedades a aquellas entidades, cuyos ingresos totales del período impositivo
no superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos
correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas
sus rentas no exentas estén sometidas a retención, siempre que no estén
sujetas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ni se
trate de partidos políticos.
Modificación de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio;
Se modifican los apartados 1 y 2
del artículo 81 bis
Se añade una nueva disposición
adicional cuadragésima segunda. Procedimiento para que los contribuyentes que
perciben determinadas prestaciones apliquen las deducciones previstas en el
artículo 81 bis y se les abonen de forma anticipada.
Se añade una nueva disposición
adicional cuadragésima tercera. Exención de rentas obtenidas por el deudor en
procedimientos concursales.
Modificación de la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Con efectos para los períodos
impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se modifica el
apartado 3 del artículo 124
3. Medidas en el ámbito de las Administraciones Públicas
En primer lugar, se mejora la
articulación contenida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, en materia de órganos de representación del personal
estatutario del ámbito sanitario, del personal docente no universitario, así
como aclarar el correspondiente al personal al servicio de la Administración de
Justicia; se trata de colectivos de personal específico que precisan de esta
modificación para garantizar su adecuada representación.
En segundo lugar, se introduce
una mejora técnica en la redacción actual del artículo 35 del Estatuto
Básico del Empleado Público que, al regular la composición y constitución de
las Mesas de Negociación, en su versión hasta ahora vigente se refiere
únicamente a materias que afectan al personal funcionario, cuando resulta
necesario que dicha regulación se haga extensible también a las materias
comunes al personal funcionario, estatutario y laboral.
Con ello, se pretende
dar apoyo legal a lo que hasta ahora es una práctica común en la negociación
colectiva: efectuar una negociación global y de conjunto para las distintas
tipologías de personal que concurren en la Administración.
Y, en tercer lugar, se introduce
una nueva disposición adicional en el Estatuto Básico del Empleado Público en
materia de Mesas de Negociación correspondientes a ámbitos específicos de
negociación, distintos en puridad a los previstos en su artículo 34.4. En este
sentido, es en dicho ámbito donde se lleva a cabo la negociación sobre las
condiciones de trabajo y, si bien afecta a determinados colectivos de empleados
públicos que pueden estar adscritos a distintas Administraciones Públicas, en
realidad esta negociación recae sobre la competencia de la Administración
General del Estado. Con la introducción de esta disposición adicional, se
pretende suplir un importante vacío legal referido a estas Mesas, además de
completar la insuficiencia del régimen normativo hasta ahora vigente.
4. Medidas de fomento del empleo
Se establece un nuevo incentivo
para la creación de empleo estable, consistente en la fijación de un mínimo
exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad
Social por la contratación indefinida de trabajadores.
Al amparo de esta nueva
regulación, de la que se podrán beneficiar todas las empresas que contraten de
forma indefinida y creen empleo neto, los primeros 500 euros de la base mensual
correspondiente a contingencias comunes quedarán exentos de cotización
empresarial cuando el contrato se celebre a tiempo completo. Cuando el contrato
se celebre a tiempo parcial, dicha cuantía se reducirá en proporción al
porcentaje en que disminuya la jornada de trabajo, que no podrá ser inferior al
50 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo.
Este beneficio en la cotización
consistirá en una bonificación, a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal,
en caso de que el contrato indefinido se formalice con jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y en una reducción, a cargo del sistema
de la Seguridad Social, en los demás supuestos.
Al igual que la tarifa plana de
cotización, la bonificación o reducción se aplicará durante un período de 24
meses. En el caso de empresas con menos de diez trabajadores la medida se
prolongará durante 12 meses más, quedando exentos durante este último período
de la aplicación del tipo de cotización los primeros 250 euros de la base de
cotización o la cuantía que proporcionalmente corresponda en los supuestos de
contratación a tiempo parcial.
Respecto a los requisitos para
disfrutar del nuevo beneficio en la cotización, a los supuestos en que no
procede su aplicación, a las incompatibilidades y el reintegro de cantidades
por aplicación indebida del mismo, son muy similares a los establecidos para la
tarifa plana de cotización en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, en
aras de la continuidad y simplicidad del sistema.
La aplicación de la bonificación
o reducción a que se refiere este artículo no afectará a la determinación de la
cuantía de las prestaciones económicas a que puedan causar derecho los
trabajadores afectados, que se calculará aplicando el importe íntegro de la
base de cotización que les corresponda.
Para el supuesto de contratación
indefinida de beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se
permite la compatibilización de los incentivos previstos en el
artículo 107 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y también se
declara compatible con la ayuda económica de acompañamiento que perciban los
beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo, en caso de
formalizarse el contrato con ellos.
El nuevo beneficio en la
cotización por contratación indefinida coexistirá hasta el 31 de marzo de 2015
con el regulado en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, previéndose en
la disposición transitoria segunda del real decreto-ley que los beneficios a la
cotización a la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos
indefinidos celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, se
regirán por la normativa vigente en el momento de su celebración.
- Apoyo a los trabajadores por cuenta ajena: se incluye una medida de apoyo a los mismos basada en beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad.
- Dicha medida consiste en una bonificación en la cuota del trabajador por cuenta propia a la Seguridad Social, en una cuantía vinculada a la base de cotización media de los últimos doce meses del trabajador autónomo, garantizando así la proporcionalidad de la medida.
- Además, el disfrute de esta bonificación queda sujeta a la contratación de un trabajador por cuenta ajena
- Nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en la fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores.
- Reducción a 20 del número de jornadas reales cotizadas exigidas a los trabajadores eventuales agrarios de determinadas provincias para poder ser beneficiarios del subsidio por desempleo contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, y en el artículo tercero de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, así como de la renta agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril
- Beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional autónomo deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad.
5. Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia
Se modifica la Ley 10/2012, de 20
de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, para eximir de las mismas a las personas físicas.
Entrada en vigor. Este real
decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
BOE Nº 51; sábado, 28 de febrero
de 2015
Medidas urgentes. http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf
